Ley de Comunicación Social en Cuba oficializa la censura en las plataformas digitales

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Con la aprobación, este 25 de mayo, de la nueva Ley de Comunicación Social en Cuba se logra uno de los mayores objetivos del régimen: oficializar la censura en las redes sociales y en el contexto digital.

La noticia compartida por los medios oficialistas de que el cuerpo legal fue probado “por unanimidad durante la segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su 10ma. Legislatura”, no revela el impacto real que tendrá en lo adelante para los ciudadanos de la Isla.

Por tan solo mencionar una faceta, con ella se penaliza formalmente cualquier interacción de los usuarios en las redes sociales que sean consideradas contrarias a la dictadura, ya no hablemos del cerco cada vez más estrecho para los periodistas y prensa independiente en la Mayor de las Antillas.

Justo en su capítulo IV, dedicado a la Comunicación Social en el ciberespacio, en el artículo 51 menciona que los ciudadanos deben “responder por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican”.

A decir del presidente antillano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, “su mayor valor radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la comunicación social para el desarrollo de la nación”.

Ley de Comunicación Social en Cuba: mordaza a la libre expresión

¿Qué quiere decir lo expresado por Díaz-Canel?

Pues totales beneficios para la dictadura, que no tendrá que esconderse más para reprimir y hostigar al que haga un comentario o reaccione a favor en cualquier publicación que ellos consideren, está hecha con el “objetivo de subvertir el orden constitucional” o que sirva desde su punto de vista para “instigar el terrorismo y la ciberguerra”.

En pocas palabras, aunque se desconoce aún cuáles serán las penas para los infractores, pero se advierte que se llevarán procesos en la vía “administrativa o la judicial” de acuerdo a la gravedad de los hechos.

Por otro lado, en otro fragmento del propio artículo 51 se insta a “implementar, e informar a los usuarios, los procedimientos de autorregulación que eviten publicaciones violatorias de lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás disposiciones normativas sobre este particular”.

Esto se traduce en que, como ha venido sucediendo, las oficinas territoriales del Ministerio de las Comunicaciones y los agentes represores, tendrán la potestad de realizar citaciones y “llamados de atención” a los ciudadanos para regular los que pueden o no, hacer en sus redes sociales.

Si bien en otras naciones se dictan normas que regulan comportamientos ilegales, discriminatorios o que atenten con la integridad de las personas, en la Mayor de las Antillas la dictadura considera prioritario preservar su estatus y estabilidad, aún y cuando esto vaya en contra de la libertad de los propios cubanos.

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